Cúcara mácara títere fue
Yo no fui, fue Teté
Pégale, pégale que ella fue
Las recientes destituciones y suspensiones de
funcionarios públicos, así como las diversas acusaciones en contra de ex
funcionarios, tanto a nivel federal como local, nos invitan a reflexionar sobre
el ejercicio de la función pública en México y los principios éticos y de
conducta que lo rigen. Por mandato constitucional, todo aquel que desempeñe un
empleo, cargo o comisión -de cualquier naturaleza- en la administración pública
habrá de ser responsable por los actos u omisiones en que incurra en el
desempeño de sus respectivas actividades. Desde el personal operativo, hasta el
Presidente de la República, habrán de ejercer su encargo en apego a lo que la
normativa les confiere con rectitud de ánimo e integridad en su obrar; lealtad
hacia el Estado; basándose en criterios objetivos, sin influencias de sesgos,
perjuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas; y con alto grado de
eficiencia con objeto de utilizar el mínimo de los recursos posibles disponibles.
Sólo apegando el actuar a estas normas podrá fomentar la credibilidad de la
sociedad en las instituciones públicas y generar una cultura de confianza y
búsqueda del mayor de los bienes: el bien común.
El servicio público es un patrimonio que pertenece a
todos los mexicanos y debe estar encaminado a satisfacer sus demandas, en lugar
de los beneficios personales de quienes ostentan los cargos. Servir al Estado
es un privilegio y una gran responsabilidad. Corresponde a los funcionarios
públicos de todas las ramas y de todos los niveles rendir cuentas, tomar
acciones responsables para resarcir los daños ocasionados por su actuar y, si
es el caso, aceptar la sanción correspondiente. Esto último, en mi opinión,
sucede en pocas ocasiones.
Es común que los servidores públicos “bailen al son”
de los dimes y diretes, haciendo uso indebido de la frase explicativa “es que”
para justificarse y no responder francamente el por qué real de su actuar. La
culpa la tiene “el jefe” o “el subalterno”, según sea el caso y no son capaces
de asumir las responsabilidades que se les delegan –el cachito que les toca-,
ya que no quieren correr con riesgos.
En los últimos sexenios se han invertido grandes
sumas de dinero para la creación de órganos de control y fiscalización a todo
lo largo de la República, así como en la implementación de líneas de acción,
tanto para la dignificación de la imagen de los servidores públicos, como para
su profesionalización. Resulta alentador
que el gobierno federal se diera a la tarea en 2002 de generar un Código de
Ética que guie la actuación de los servidores públicos y que sirva de base para
generar al interior de cada institución, de manera obligatoria, un Código de
Conducta. Lo que es inadmisible, es que al mes de marzo de este año, la
Secretaría de la Función Pública, a través de su Unidad de Políticas de
Transparencia y Cooperación Internacional, reporte que sólo 217 de las 256 dependencias de la
Administración Pública Federal (85%) cuentan con un Comité de Ética y han elaborado
o actualizado su Código de Conducta; 216 instituciones cuentan con un
Programa Anual de Trabajo 2012 para promover el cumplimiento de sus Códigos,
197 instituciones establecieron indicadores de evaluación de cumplimiento de
los mismos, 84 han realizado una evaluación anual de cumplimiento, dando a
conocer los resultados obtenidos; y, a casi la mitad del año, sólo 17 instituciones cuentan con un Programa
Anual de Trabajo 2013.
La falta de cumplimiento a esta obligación y la
falta de sanción por su incumplimiento mandan una preocupante señal a la
ciudadanía. Por una parte, un gran número de personas que asumen cargos
públicos no tienen conocimiento de que deben ajustar su actuar a los valores del
bien común, honestidad, honradez; imparcialidad, justicia, transparencia,
rendición de cuentas, entorno cultural y ecológico, generosidad, igualdad, respeto
y liderazgo; y por otra, frente al incumplimiento, muchos no serán llamados a
rendir cuentas sobre su mal actuar a falta de claridad en los procesos.
Se trata de un problema añejo, hoy exhibido
principalmente por los medios de comunicación y las redes sociales, que exige
una atención inmediata por parte de los tres Poderes de la Unión. Se requiere impulsar
una gestión pública de calidad en donde los servidores públicos manifiesten su
compromiso y vocación para atender los asuntos que interesan y afectan a la
sociedad, responsabilizándose de los actos que deriven de las funciones
inherentes al cargo que desempeñan. Como lo señala el propio Código de Ética
federal “… la ética del servidor público se convierte en un elemento
indispensable para atender de mejor manera las demandas sociales en un régimen
democrático”.
Fue publicado el 2
de junio de 2013 en http://www.adnpolitico.com/opinion/2013/06/01/opinion-el-yo-no-fui-fue-tete-de-los-funcionarios con el título: El 'Yo no fui, fue Teté' de los
funcionarios.
